Comunidad del barrio Contadora gana el primer round contra Alcalde de la localidad 2 de Cartagena

Comunidad del barrio Contadora gana el primer round contra Alcalde de la localidad 2 de Cartagena

El Juez 13 Penal Municipal de Cartagena, Dr. Joe Valiente Negrete concedió acción de tutela a favor de los habitantes de las urbanizaciones Contadora 1, 2 y 3, y Florida Blanca el día de ayer, 7 de febrero de 2019, contra la Alcaldía de la Localidad 2: de la Virgen y Turística, ordenándole la suspensión de los efectos de la Resolución AMC-RES-005296-2018 donde el Alcalde Local, Gregorio Rico Gomez, pretendía desmontar las talanqueras y paredes que protegen actualmente al conjunto alegando que las vías internas de este son de uso público. 

La polémica suscitada nació debido a las constantes quejas de los más de 70 habitantes del sector, quienes argumentan que han querido convertir las áreas comunes correspondientes a las calles de Contadora 2 y 3 en las vías de acceso del proyecto habitacional denominado Parques de la Castellana. La razón es clara, no llegan a comprender el porqué de la insistencia del Alcalde cuando la documentación que ellos tienen en su poder ha sido consistente en que la propiedad horizontal es de uso de privado. Por ende, la medida tendrá que ser presuntamente por algunos intereses  particulares de terceros. 

Esta inmueble de la Constructora Valor S.A., presuntamente de propiedad de un hermano del político Germán Vargas Lleras, ha estado mermada por distintos inconvenientes a partir del lanzamiento del proyecto. Desde año 2011, los residentes del sector aledaño han alegado que los permisos para el levantamiento de tres edificios de 22 pisos cada uno, fueron entregados arbitrariamente y obviando las obras del Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Así lo afirma Erick Urueta, director de la Veeduría a la Rama Judicial Vejuca: “Se quieren quitar las talanqueras de la urbanización para que esta sea la puerta de entrada de mas de 500 familias que vivirán en estas propiedades. Antes de que se pusiera la primera piedra de esa edificación ya los habitantes habían manifestado que en esa zona no podían hacerse construcciones. Sin embargo las autoridades fueron permisivas y ahora tenemos esa problematica. Nosotros entraremos a investigar, por qué no comprendemos cómo tienen permisos estando a menos de un metro del Canal Ricaute”. 

Desde 2016 los propietarios han puesto la problematica en conocimiento del Personero Municipal e hicieron una solicitud ante la Defensoria del Pueblo requiriendo intervención sobre este asunto. Luego el Alcalde Local, ordena iniciar investigación preliminar con el fin de determinar si hubo infracción a las normas urbanísticas e invasión al espacio publico del distrito en las vías internas de estos conjuntos. 

Posterior a la resolución del año pasado, el día 25 de enero de 2019, funcionarios de la Alcaldía y autoridades policiales se presentaron ante la comunidad con toda la maquinaria respectiva para la desinstalación de las talanqueras y un muro de contención que fue construido para la protección de las inundaciones que se generaban por las aguas residuales que pasan por el Canal Ricaute. El hecho generó el inconformismo en los ciudadanos hasta el punto que bloquearon el acceso a la urbanización. 

El señor Eligio Tuñon Anaya, en representación de la comunidad, instauró una tutela contra la Alcaldía de la Localidad 2 alegando que hubo una violación al debido proceso, pues no se les fue notificada formalmente la decisión del retiro de las talanqueras, y además, hubo una omisión para la practica de pruebas frente a la problematica, dado, que ellos, afirmaron todo el tiempo, que tenían la documentación pertinente: folio de matrícula inscrito en la oficina de registro de Instrumentos Públicos y documentos expedidos por la oficina de Apoyo Logístico, Control Urbano y Planeación Distrital, en el que consta que estas calles nunca han sido vía pública.  

Mientras tanto, los propietarios tienen amparado sus derechos constitucionales por la resolución del Juzgado Trece Penal Municipal y ahora, deben interponer las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y el VEJUCA seguirá de lado de la comunidad y demostrará con sus investigaciones el presunto prevaricato y otras conductas penales de algunos funcionarios. Esta entidad hoy estará en dicha zona realizando un operativo para corroborar la información con la comunidad. 

Resta por seguir cuestionándonos sobre el afán por convertir en público una zona que es privada y de la urbanización. ¿Esta construcción verdaderamente tuvo en cuenta las normas ambientales para llevarse acabo? ¿Cuáles son los accesos al proyecto según la licencia de construcción? Y ¿Cuál les vendieron a sus compradores?