Cartagena

Contraloría pone la lupa al contrato de compra de pruebas rápidas para COVID-19 realizado por la Alcaldía de Cartagena

Luego de que se advirtiera de unos posibles sobrecostos en el contrato de adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnostico y contención de la pandemia del COVID-19, firmado por la Alcaldía de Cartagena, la Contraloría General de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre dicho proceso de contratación, el cual fue realizado con la empresa Ventas Distribución y Marketing LTDA, por un valor de $725.000.000.000.

Vale la pena recalcar que Funcicar realizó un análisis para conocer cómo otras entidades públicas han contratado pruebas rápidas y los valores de las mismas, y encontró tres contratos con especificaciones similares. Los valores, para la adquisición de casi el mismo número de pruebas rápidas, rondaban en los $270.000.000. Según el análisis de Funcicar, con el precio autorizado por el Distrito de Cartagena se pudo comprar 24.530 pruebas, esto es 14.530 más de las que dice el contrato celebrado.

La Contraloría informó que presente intervención opera sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere. Además, se remitirá a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna a los objetos de control, así como los informes que sobre el particular sean elaborados. Esto es lo que dice la resolución ordinaria emitida por el despacho del Contralor General:

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, modificados por los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, los artículos 18, 19, 20 y 21 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, dispone: “Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. (…)

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley. (…)” (Resaltado fuera de texto)

Que los incisos tercero y sexto del artículo 272 Constitucional estipulan que la “ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República.” y que “(…) El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley.” (Resaltado fuera de texto)

Que el artículo 6 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, dispone: “Artículo 6. Del ejercicio prevalente de la vigilancia y control fiscal. La prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control de las contralorías territoriales, por parte de la Contraloría General de la República, se ejercerá conforme a los siguientes mecanismos: …e) Intervención funcional de oficio (…)”

Que en el literal e) del artículo 6 del Decreto Ley 403 de 2020, se estableció la intervención funcional de oficio como uno de los mecanismos a través de los cuales la Contraloría General de la República ejerce de forma prevalente y en cualquier tiempo la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control de las contralorías territoriales, desplazándolas en sus competencias sin que implique vaciamiento de las mismas.

Que el artículo 18 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, dispone: “Artículo 18. Intervención funcional oficiosa. La Contraloría General de la República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta sobre aquellas, con sujeción a las reglas de lo dispuesto en los siguientes artículos.” (Resaltado fuera de texto)

Que el artículo 19 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, señala los criterios para decretar la intervención funcional de oficio, así:

“Artículo 19. Criterios para la intervención funcional oficiosa. La Contraloría General de la República podrá ejercer la intervención funcional oficiosa en asuntos concretos a cargo de las contralorías territoriales, con el objeto de garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal, y su debido ejercicio, con base en alguno de los siguientes criterios:

  1. Objetos de control que, por su trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito nacional, regional o local, ameriten el conocimiento de la Contraloría General de la República.
  1. Falta de capacidad técnica, operativa o logística de la contraloría territorial para la vigilancia y control fiscal de los asuntos a intervenir. Esta se presumirá por la carencia de personal especializado, de tecnologías o equipos técnicos para realizar acciones de control fiscal de alta complejidad, o por bajo nivel de avance en los ejercicios o investigaciones correspondientes.
  1. Por decisión del Contralor General de la República que consulte criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad.” (Resaltado fuera de texto original).

Que el literal a) del artículo 20 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, señala que corresponde al Contralor General de la República ordenar la intervención funcional de oficio, mediante acto administrativo no susceptible de recursos.

Que el literal b) del mencionado artículo 20 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, señala que la intervención funcional de oficio debe versar sobre ejercicios de vigilancia y control fiscal previamente definidos, los cuales, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 y en el literal “a” del artículo 19 ibídem, pueden ser determinados con la identificación precisa de los objetos de control a ser intervenidos, bajo la premisa de que la intervención funcional procede sobre asuntos radicados inicialmente en competencia de la respectiva contraloría territorial.

Que en atención a lo anterior, el Contralor General de la República, puede disponer de la intervención funcional sobre la administración de recursos propios o endógenos de las entidades territoriales cuando, en cumplimiento de las condiciones previstas en las citadas normas del Decreto Ley 403 de 2020, se trate de aspectos de la gestión fiscal de éstas que tengan trascendencia nacional o regional por el impacto social o económico que tienen en las comunidades destinatarias.

Que, de conformidad con el literal f) del artículo 19 del Decreto Ley 403 de 2020, la intervención ordenada se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo respectivo, si hay lugar a ello.

Que mediante la Resolución 0753 de 19 de marzo de 2020, se autorizó la activación de todos los mecanismos de seguimiento permanente dispuestos en el Decreto Ley 403 de 2020, con miras a la obtención de información y vigilancia de la gestión fiscal relacionada con las medidas de mitigación de riesgo y contención del virus COVID-19, bajo la coordinación del Vicecontralor y la Contralora Delegada para el Sector Salud.

Que la Contraloría General de la República ha venido vigilando la contratación de bienes o servicios a nivel nacional destinados a atender la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19, sin perjuicio del origen de los recursos, bajo el amparo de lo contemplado en el artículo 267 de la Constitución Política, el principio de concurrencia definido en el literal “e” del artículo 3, los artículos 7 y 57 y el parágrafo 2 del artículo 58, del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020. Que conforme al análisis previo realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, mediante oficio 2020IE0030021 del 30 de abril de 2020 la Unidad de Reacción Inmediata le solicitó al Contralor General de la República decretar una intervención funcional de oficio.

Que teniendo en cuenta el origen de los recursos y su impacto social y económico en el ámbito local, así como por la relevancia en la sociedad que tiene el correcto uso de los recursos públicos en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en todo el territorio nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Ministerio de Salud, los objetos de control identificados en la parte resolutiva del presente acto administrativo cumplen con los criterios necesarios para decretar sobre ellos la intervención funcional de oficio por parte de la Contraloría General de la República. En mérito de lo expuesto, el Contralor General de la República:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR LA INTERVENCIÓN FUNCIONAL DE OFICIO sobre los objetos de control que se identifican a continuación, con el fin de que la Contraloría General de la República asuma su conocimiento directamente, así:

Parágrafo primero. La presente intervención opera sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR EL CONOCIMIENTO Y TRÁMITE de los hechos relacionados con los objetos de control identificados en el artículo primero del presente acto administrativo, a la Contraloría Delegada para el Sector Salud.

ARTÍCULO TERCERO: La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata remitirá a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna a los objetos de control relacionados en el artículo primero de este acto administrativo, así como los informes que sobre el particular sean elaborados.

ARTÍCULO CUARTO: La intervención funcional decretada producirá los efectos legales dispuestos en el artículo 21 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, los cuales deberán ser cumplidos de manera inmediata por parte de los servidores de la Contraloría General de la República y en especial, por las contralorías territoriales en cuanto a la transferencia de la titularidad funcional y la suspensión de actividades de vigilancia y control en curso y el envío de las diligencias respectivas en los plazos dispuestos en la norma.

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Salud, la presente resolución a la Alcaldía de Cartagena; a la Contraloría Distrital de Cartagena; a la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Sin perjuicio de las demás comunicaciones que deban realizarse.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.

 

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