La arbitrariedad en el control estatal está alejando los grandes talentos del quehacer público

La arbitrariedad en el control estatal está alejando los grandes talentos del quehacer público

Hoy por hoy, cuando las elecciones regionales toman forma y las ciudades y corregimientos se invaden de publicidad política por doquier, las posibles inhabilidades de los candidatos son el run run de los corrillos y de los bandos que se compiten el poder. Sin embargo, esta labor de control electoral, judicial y hasta fiscal en ocasiones está plagada de arbitrariedad y lo que crea en la ciudadanía es más y más apatía por la política y los cargos públicos.

Órganos como la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, en distintos casos han centrado su quehacer sobre empresas privadas o empleados considerando inicuamente que estos han actuado afectando el erario del país porque no se ejecutó un proyecto o contratación como ellos consideraban que debía realizarse. Lo cual conlleva en muchos casos a un desgaste de la rama judicial y de la jurisdicción disciplinaria y afectan la vida y la reputación de ciudadanos que ejercen la función pública y  la reputación de empresas colombianas.

Los argumentos a los que generalmente aducen tienen que ver con que hubo negligencia de funcionarios al no haber enderezado proyectos mal concebidos desde su inicio y estos procesos generalmente terminan en sanciones y compulsas de copias. En otras ocasiones, no solo a trabajadores del Estado sino a ciudadanos del común como abogados que defienden intereses de trabajadores, como los casos ocurridos con Ecopetrol y otras empresas, donde se les tilda de detrimento por el pago de honorarios, vacaciones y bonos a quienes les corresponde.

Con estos excesivos controles lo que se está es generando un daño intertemporal con las nuevas generaciones cuyo talento está alejándose del sector público. Ese intereses con el que crecieron los ciudadanos de épocas anteriores, soñadores de querer cambiar el mundoo hacer parte de las empresas del Estado se está disipando. Es por ello que volvemos a las preguntas de siempre sobre por qué siguen los mismos con las mismas en el poder. O por qué académicos y grandes profesionales no hacen parte de lo público. Es así como esto se ha convertido en un mecanismo de protección y defensa personal de su hoja de vida.

A veces el abuso de poder, la imposición de una agenda nacional basada en la moral personal del funcionario de turno o hasta el exceso de figuración no dejan ver lo esencial: hay que suprimir unas funciones y reforzar otras, y redefinir facultades y procedimientos en cada una de estas entidades y dejar trabajar al ciudadano.

¿Qué joven talentoso querrá arriesgarse a terminar en la cárcel o a sacrificar sus pocos ahorros familiares frente a las temerarias acusaciones de los organismos de control? Sin duda, muy pocos. Y con ello no se pretende que no exista una presencia de las autoridades competentes. Pues claro, la idea es fortalecer la presencia, por ejemplo, de la Contraloría en los procesos de planeación, presupuestación, ejecución y contratación de las entidades públicas, especialmente en las Contralorías Regionales.

No hay que olvidar que aunque la labor en materia de control de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el cuidado de los recursos públicos que hacen estos organismos es muy importante para la institucionalidad del país. Pero no se debe perder de vista lo esencial: en un Estado de Derecho el poder que deriva del mandato ciudadano necesita contrapesos institucionales para evitar el abuso y la extralimitación.