La gobernanza es la gran responsable de los desmanes en Cholón

La gobernanza es la gran responsable de los desmanes en Cholón

El fallecimiento de la joven Valentina González de 21 años de edad que departía en compañía de familiares y amigos en la famosa Ciénaga de Cholón quien fue impactada por una embarcación mientras se encontraba sumergida aparentemente careteando se convirtió en la noticia del fin de semana y en un gran sentimiento de desconsuelo de la ciudadanía en general quienes le atribuyen la culpabilidad a la falta de control en la zona insular. ¿Pero en realidad quiénes son los verdaderos responsables de accidentes como los de Valentina?


A pesar del un
ísono de la opinión pública sobre la ausencia de autoridad en Cholón, el capitán Jorge Uricoechea, comandante de Guardacostas del Caribe, en entrevista con un medio nacional afirmó que es complejo evitar un accidente en el mary los turistas afectados no contaban con las medidas de seguridad establecidas por los órganos internacionales para realizar este tipo de deporte náutico. Según se conoció horas después, la joven junto a un compañero se encontraban sumergidos a 300 metros de la orilla y alejados del yate donde se transportaban cuando esta embarcación los impactó sin que el conductor pudiese ver a la pareja.

 

De acuerdo a la versión del conductor de este yate, José Gertrudis Valencia Quintana,  quien fue dejado en libertad en el día de hoy, no vio a los jóvenes mientras estaban en el mar y fue así como al Valentina salir a la superficie, la hélice de la embarcación le causó varias heridas abiertas en la espalda, cuello y en la cabeza, muriendo casi al instante. Cabe anotar que Valencia no portaba su licencia en el momento en el que ocurrió el accidente.

 

¿Entonces la responsabilidad recae solo sobre los turistas quienes por desconocimiento o por imprudencia o quizás exceso de confianza se lanzaron al mar a apreciar su ecosistema? ¿Acaso las autoridades competentes no deben comunicar debidamente las medidas de contingencia y uso de actividades acuáticas y/o náuticas? ¿No debería haber una correcta demarcación de zonas para las distintas acciones que se llevan acabo en la zona insular? Y la respuesta es rotundamente sí. En Cartagena y en sus islas el turismo se lleva acabo sin control, informal e irresponsable donde ni el Estado ni sus organismos han querido abrir los ojos ante los desmanes que se vienen presentando últimamente.

 

La Ciénaga de Cholón ubicada en la Isla de Barú jurisdicción del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, no solo requiere de medidas para un turismo sostenible sino también protección por lo invaluable de sus ecosistemas: manglares, corales y pastos marinos los cuales brindan hábitat y refugio para las especies marinas. Esta zona fue declarada como área protegida en el año de 1977. En ella convergen distintas autoridades para brindar control, orden y administración en los distintos ámbitos en sociedad. Institucionalmente ejercen como autoridades: la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con su Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) como una dependencia del  Ministerio de Defensa a través de la Capitanía de Puerto, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); además de los habitantes y raizales que tienen representatividad en los Concejos Comunitarios, las Unidades de Guardacostas de la Armada Nacional y hasta la Procuraduría General de la Nación.

 

Y lo triste del caso, es que todos han fallado en la gestión y coordinación institucional desde todos las direcciones de la situación problemática de este territorio y sus pobladores que se ha convertido finalmente en una bomba de tiempo donde deben cobrarse vidas inocentes como las de la joven barranquillera Valentina.

 

La capacidad institucional instalada, la oferta de políticas, programas, planes, proyectos y desarrollos normativos,  el ejercicio de las competencias institucionales no ha contribuido sustancialmente, en los últimos años, a quebrar las tendencias del deterioro de los ecosistemas ni a consolidar indicadores sociales en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, ni mucho menos a establecer una política pública turística acorde a las necesidades del siglo XXI.

 

Estamos claros que hubo una gran parte de responsabilidad en la pareja de turistas y que como tal el sistema falló. Los jóvenes no siguieron las medidas de seguridad dispuestas en los estamentos internacionales y nacionales como la Resolución 0089-2017 donde se establecen las disposiciones de seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos en la jurisdicción de Cartagena donde se estipula que debían contar con una lancha de rescate donde portaran todos y cada uno de los elementos de seguridad establecidos en la normatividad marítima, como chalecos, radio VHF- banda marina encendido en el canal de contacto (Canal 16), extintor, botiquín, etc.Además de lo que explicó el  comandante de Guardacostas del Caribe sobre el careteo en una zona de más de 300 metros de la orilla y sin elementos de señalización.

 

Pero así mismo también falló toda la cadena de mando y autoridad ante la evidente ausencia de señales para el buen goce de actividades y deportes náuticos: legibles y bien comunicadas. Ausencia de protocolos y procedimientos que prevengan este tipo de accidentes. Fomentación hacia la formalidad y el acompañamiento al raizal y nativo que hace parte del comercio en la zona insular en una planeación estratégica a través de la realización y puesta en marcha de una política pública turística que defina con entereza las competencias de cada una de las autoridades y no una ineficacia del aparato estatal.  

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