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La Vorágine insular de Cartagena

Por: Libardo Sierra

Cartagena aún no sale de la consternación por el fatídico accidente en la paradisiaca isla de Cholón, en la que perdió la vida Valentina González el pasado 30 de noviembre. Cuando han transcurridos no menos de dos meses, las redes y la prensa nos informaban de otros tres accidentes en el mar, incluyendo uno que terminó en un atraco por parte de nativos que simularon tener intenciones de socorrer a las víctimas. Esto disparó las alarmas de propios y extraños que han advertido la anarquía que reina en las que son, para este servidor, las mejores playas de la ciudad.

Este asunto aunque muchos consideren que son productos de la calamidad yo no lo considero así; para mí esta es una crónica de un caos anunciado y que data de hace muchos años en los que la Administración Distrital se ha encontrado maniatada para imponer orden en las playas de la Isla de Barú e Islas del Rosario.

Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? se preguntaran los lectores, les explico:

Las playas como todo territorio cercano al mar (zonas de baja mar) son espacios que gozan de una especial protección y entre otras cosas, zonas de espacio público, en los que como lo describe su nombre, no tienen un propietario determinado sino que están destinados al uso y goce de cualquier ciudadano, debiendo ser protegido por las autoridades para que no sea explotado por particulares en pro de su interés particular y en detrimento del interés general.

En este sentido señalamos la que viene siendo la primera razón de la problemática, toda vez que en estas playas se han edificado construcciones que, aunque rusticas, son de carácter permanente, lo cual viola las normas urbanísticas vigentes al carecer de licencias para la intervención del espacio público. De igual modo estas edificaciones prestan servicios hoteleros en flagrante desapego a las normas que rigen el funcionamiento de establecimientos de comercio al no contar con Registro Mercantil, Uso de suelo conforme, Registro Nacional de Hotelería entre otros.

Estos hoteles, si así se les puede decir a esos cambuches, son en su mayoría propiedad de personas ajenas a la comunidad raizal del pueblo de Santa Ana o circunvecinos; recuerdo que uno era atendido por un señor de origen antioqueño, otra señora de origen español y varios venezolanos que tienen en común ser los propietarios y responsables de estos establecimientos de comercio en los que se les da trabajo a los nativos del sector ofreciendo los servicios de hospedaje, restaurante y deportes náuticos, sin que exista una supervisión sobre la idoneidad de la prestación de estos servicios derivando en una cantidad de situaciones desafortunadas que ya comienzan a mostrar su verdadero rostro.

Platos de comida en 130 mil pesos preparados y servidos en condiciones de insalubridad, masajes ofrecidos gratuitamente para luego ser cobrados en precios exorbitantes, vehículos marítimos operados por conductores empíricos que ofrecen estos elementos en alquiler, playas sin demarcaciones, música y licor a diestra y siniestra, estás son situaciones en las que predomina la ley del más fuerte, pues al momento de un turista reclamar por cualquier atropello cometido en los precitados escenarios, salen las armas blancas a relucir y la unión de gran parte de los nativos para aterrorizar y someter al incauto a pagar contra su voluntad, sino quiere poner en riesgo su integridad y su vida.

Otros sucesos como el choque de dos lanchas y posterior atraco de los accidentados despierta igualmente las dudas de la pericia de los conductores de estos vehículos y si esta actividad se encuentra sometida a la expedición de licencias y otros trámites necesarios como se exigen para otro tipo de vehículos. por Dios, ¿acaso no caben en el océano dos lanchas del tamaño de un vehículo particular que terminan estrellándose entre si?  ¿Qué tal que tuvieran que operar en canales o espacios más reducidos?

Esta situación no puede seguir así. Nuestras paradisiacas playas deben ser atendidas por el Gobierno Distrital en concurso con el Gobierno Nacional para impedir que en las islas siga reinando el caos y la ley del más fuerte. Implementar estrategias donde sea verdaderamente el nativo el que se beneficie en aspectos laborales que se generen en la zona pero sin pisotear los derechos que tenemos todossobre estas playas y no que la exploten unos sinvergüenzas que se enriquecen a costilla de todos y que contrario a lo que se cree, no están aportando sino destrucción a nivel ambiental(es solo ver que la ciénaga es el vertedero de estos desadaptados), ilegalidad en los servicios que prestan e inseguridad a todos los visitantes, razón por la que deben mediar todas las autoridades para ponerle coto a esta vergonzosa vorágine insular.

El día de ayer, el señor Procurador General de la Nación -a su mejor estilo y desde su escritorio- emitió una orden algo irrisoria consistente en “suspender las actividades que se realizan en las islas en cuestión” lo cual me traslada al 2013, cuando el Distrito mediante la Alcaldía Histórica y del Caribe Norte, adelantó un proceso de recuperación del espacio público que pretendía recuperar 2 Km de playa ocupada por estos personajes. El procedimiento se ejecutó con la compañía de entes de control, la policía y el ejército quienes en ultimas evitaron que los lugareños agredieran a los funcionarios responsables de la diligencia, quedando en  definitiva la situación tal como comenzó; la ocupación del espacio público por parte de foráneos que se lucran a costa del nativo usando artimañas legales que protegen a esta población en específico. No señor Procurador, la cosa no es tan fácil como usted cree.

Mi intención con esta columna, no es acusar al Estado por esta situación, es más bien una invitación a la Guarda Costera, a la DIMAR, a la Alcaldía Mayor de Cartagena y demás autoridades competentes a que de manera mancomunada retomen las acciones pertinentes para rescatarestas zonas y retorne la tranquilidad y seguridad que caracterizaban a nuestra ciudad y sus icónicas playas reconocidas a nivel mundial.

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