Mercado de Bazurto: de la falta de planeación y otros demonios

Mercado de Bazurto: de la falta de planeación y otros demonios

Cartagena de Indias ha vivido de constantes promesas sin cumplir y de pañitos de agua tibia que no dan con la raíz del problema. Uno de ellos ha sido el Mercado de Bazurto, la central de abastos más importante de la ciudad, un lugar de amores y odios donde se concentra el suministro alimentario y el sustento económico de muchas familias de la Heroica.

Hoy, después de años de espera de darle continuidad al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó a través de una respuesta a una acción popular el traslado del mercado hacia otra zona de la ciudad a efectos de recuperar ambientalmente la Ciénaga de las Quintas, los cartageneros siguen a la espera de una política pública que proteja todos los ámbitos de la sociedad con los que allí se convive.

Es que la protección del medio ambiente y las afectaciones de salubridad del entorno que bordean los barrios aledaños a Bazurto, como Martinez Martelo, Pie de la Popa y el Barrio Chino, no son los únicos problemas que se han acrecentado en la central. Las etnias, la cultura, los estamentos de protección a los vendedores que por años han permanecido comercializando sus víveres y hasta el ordenamiento territorial de la misma ciudad son distintos elementos a tener en cuenta para poder brindar una solución donde todos los actores del conflicto queden satisfechos con el Distrito y su actuar.

Precisamente, con el paso de uno y otro mandato en Cartagena, las administraciones han estado en mora de cumplir su traspaso hacia el lote ubicado a las afueras del perímetro urbano cerca a El Pozón. Sumado a la incertidumbre de los vendedores sobre este nuevo espacio. Porque para un gran sector de la opinión pública el proyecto de Mercabastos, la empresa de sociedad de economía mixta que fue creada para suplir esta orden judicial, no soluciona ni brinda garantías al comerciante común, sino que se asemeja más a un gran centro inmobiliario donde parecería que solo interesara el alquiler de los locales. Que por supuesto tendrán un espacio asegurado y condicionado para los mayoristas, ¿pero cómo se protege al minorista y al vendedor ambulante que también hace parte de la cadena de abastecimiento?

Lo cierto es que sin mencionar las trabas jurídicas y los pleitos y trámites que ha tenido el acuerdo entre el Distrito y Mercabastos, este proyecto no ha sido pensado desde una planeación urbanística y social de la comercialización de alimentos en la ciudad.

El traslado cada vez más lejos, espacialmente hablando, de Bazurto pueda que solucione la movilidad del sector en las dos avenidas que lo bordean, la seguridad de los barrios colindantes y la protección de su ciénaga, pero no propone garantías ni al comprador que cada día se refugia en las cadenas de supermercados que están cada vez más en crecimiento por la lejanía a una central de abastos, ni mucho menos al minorista que sobrevive a los precios impuestos por los grandes vendedores.

Hoy, muchos de esos vendedores han preferido refugiarse en carretas y ventas ambulantes acrecentando el problema de precios y residuos sólidos sin ningún tipo de medida sanitaria en las carreteras. Ocupando las zonas de parqueo y abandonando muchos de los locales.

La falta de organización, la ausencia de cuantificación y puesta en contexto de las cifras tienen a Bazurto en el estado en que está. No hay un sistema de vigilancia y seguridad adecuado. Una regulación de precios sobre la oferta y la demanda de los productos alimenticios. Y alrededor un gran número de expresiones culturales y artísticas que se aferran a lo autóctono.

Urgen tomar medidas que revitalicen lo que establece el POT y las experiencias de grandes ciudades como España donde existe una gran central mayorista y unos vendedores minoristas zonificados loa localidades o áreas cercanas a los barrios. Urge que se tomen medidas factibles y se repiten más lugares y mesas de trabajo como la audiencia pública realizada hace días en Martinez Martelo entre concejales, entidades del Distrito y académicos para proponer una política pública integral.