Política pública de habitantes de calle se ha convertido en todo un fracaso

Política pública de habitantes de calle se ha convertido en todo un fracaso

Cada vez que transitamos las calles del Centro o pasamos por los sectores de Chambacú o de Ceballos es recurrente encontrarnos con las tristes imágenes de ciudadanos refugiados en la calle y sumidos en muchos casos en la mendicidad.

 

Esta situación se ha ido agravando año tras año donde solemos encontrarnos hasta población infantil e inmigrantes por doquier a la merced de los peligros de la noche y el imperante deseo de buscar el pan de cada día a penas salga el sol.

 

Con el propósito de dignificar a esta población sujeta de derechos y de calidad de vida, se creó la Ley 1641 de 2013 donde se estableció la formulación de la política pública para habitante de calle. Sin embargo, no fue hasta que un fallo del Alto Tribunal le exigiera al Distrito esta disposición que se empezó a ejecutar la formulación de dicha política pública, gracias a una acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito.

 

Esta política pública de atención integral a los habitantes de calle, debe incluir componentes como la atención en salud, desarrollo humano integral, movilización ciudadana y redes de apoyo social, responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y generación de ingresos, y convivencia ciudadana.

 

En cabeza de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social con su unidad de Habitante de Calle se empezó a trabajar en esta política pública desde el año 2016  con la realización de varias mesas de trabajo donde se dispuso el estado actual de estas personas en Cartagena, su caracterización y problemáticas a atacar.

 

La Universidad de Cartagena fue la encargada de esta primera etapa de formulación y a pesar de que pasó el filtro y fue aprobada por el Consejo de Política Social, tras los ajustes de la Secretaría de Planeación, hay inconsistencias evidentes en la oferta institucional y en la atención de todas las entidades responsables hacia estas personas.

 

Entidades como el ICBF, Espacio Público, Policía Nacional, Migración, DADIS y Secretaría de Participación no trabajan interconectados para lograr una buena ejecución de la dignificación de los habitantes de calle y su regreso a la vida en sociedad.

 

Ni siquiera el Gobierno Nacional ha procurado la correcta implementación de lo dispuesto por la  Ley 1641 de 2013 y mucho menos el Distrito y el Concejo que año tras año lo que ha hecho es reducir los presupuestos girados para la atención de esta población en condición de calle. Es por ello que hoy no existe un censo actualizado y estadísticamente bien elaborado sobre la caracterización de los habitantes de calle.

 

El último censo se realizó en 2015 y desde la fecha solamente la Secretaría de Participación con su personal realiza la caracterización y atención con la oferta institucional del Distrito en las distintas zonas que por observación se han identificado. Teniendo en cuenta que es una población fluctuante que están en constante cambio y movimiento en las calles.

 

La Secretaría de Participación, en cabeza de su secretaria Claudia Anaya Marin y del coordinador de esta unidad, Milciades Osorio, argumentan que la falta de presupuesto ha imposibilitado la realización del censo y de otras tantas actividades que deberían realizarse para la correcta atención.

 

Sin embargo, independientemente de quien tenga la responsabilidad y de quien sea el culpablede ello, es imperante tratar de entender cómo se pretende implementar y presentar ante el Concejo de Cartagena un proyecto de acuerdo sin una caracterización debidamente realizada por un personal especializado y numeroso que tenga claras las condiciones. ¿Si no sabemos qué pasa, cómo pasa y a quién afecta cómo dispondremos de una oferta que abarque a toda la población?

 

Amanecerá y veremos. Hasta ahora lo cierto es que el Alcalde Pedrito Pereira buscará presentar el proyecto ante el Concejo en las sesiones extraordinarias para que el nuevo mandatario pueda aplicarla para un período de ocho años (2020-2028). Allí se implementarán varios componentes de intervención en los cuales se pretende integrar tanto a las entidades públicas, como privadas, así como a la sociedad civil, para que estas personas en condición de calle encuentren la oferta institucional que les permita no volver a ese estado de vulnerabilidad.

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