Propietarios de establecimientos de Cartagena preocupados por el cobro al uso de espacios públicos

Propietarios de establecimientos de Cartagena preocupados por el cobro al uso de espacios públicos

Recientemente la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de Cartagena anunció que planea extender la normativa de licencias y contratos de aprovechamiento económico de ciertos establecimientos comerciales a otras zonas de la ciudad.

En la búsqueda de hacer respetar las zonas públicas del Distrito y su destinación al uso común, está dependencia trabaja sobre la reglamentación que se implementará en el área correspondiente al sector de Los Caracoles hasta donde finaliza en centro recreacional Napoleón Perea (transversal 54). 

Desde el año 2018, se realizó un inventario de las zonas ocupadas entre los barrios Los Caracoles y Blas de Leso donde históricamente se han establecido negocios y locales de todo tipo; desde mesas de fritos informales hasta el kiosco salsero más famoso de la ciudad: El Koreano.

Precisamente, este negocio sería uno de los mayormente impactados con la medida, pues, con sus más de 40 años de funcionamiento, ha ocupado un predio que hace parte de las zonas verdes de la entrada de Blas de Leso. 

Orlando Martinez, fundó este establecimiento en el año 1979, después de varios fracasos en negocios en varias partes de la ciudad. Este hombre oriundo del Urabá Antioqueño, llegó a la ciudad de edad de 14 años y hoy, es propietario de un gran referente cultural de la música salsera en Cartagena: “El koreano para el distrito ya es un referente. Nosotros, incluso, estamos detrás de un reconocimiento como el que le otorgaron a La Troja en Barranquilla por el Instituto de distrital de Patrimonio y Cultura.”

Actualmente son 21 espacios públicos del centro de la ciudad los que se encuentran reglamentados para acceder a este aprovechamiento. Entre ellos, las plazas como La Plaza San Pedro y los parques como El Fernandez Madrid. 

La normativa que rige esta disposición, es el decreto distrital 0356 de 2015 dada durante el gobierno de Dionisio Velez. Allí, se estipuló un canon mensual resultado de la multiplicación entre el número de metros cuadrados de espacio público autorizado por el 15% del salario mínimo legal mensual vigente. 

Por ejemplo, un negocio con 30 metros cuadrados de antejardin frente a la Plaza San Diego tendrá que pagar $3.726.522 y ubicar un mobiliario removible tipo A compuesto por una mesa cuadrada y cuatro sillas. 

En cambio, en ciudades como Pereira, donde también se hace el cobro, se tiene una tarifa base del 1% del SMMLV, pero a este se le adiciona un costo según la ubicación, como un 0,8% si está cerca a la zona más comercial del municipio o un 0,2% si tiene autorización para vender licor.

Es claro que las variaciones entre una ciudad y otra dependen de sus potenciales comerciales y de sus atributos turísticos. En Bolívar llegaron en el 2017, según el Ministerio de Comercio, 3 millones 30 mil 917 visitantes. Más de la media general de los otros departamentos del país. Por ende, cada reglamentación con respecto al uso del espacio público se debe hacer con base a las necesidades de cada ciudad. 

“Hay que esperar a ver cómo será esa reglamentación acá. Si nos va a convenir o no. Por los valores que le vayan a poner a uno o por algún otro tipo de regla por el espacio que usamos en extensión.” Expresa el propietario del Koreano, quien como él y otros dueños de negocios de la zona están preocupados frente a las imposiciones que tenga el nuevo proyecto que se instaurará ante el consejo luego de que se acabe la vigencia del actual decreto. 

Los comercios que están legalmente constituidos se han mostrado en favor de la proposición que a futuro cobijará también barrios como San Fernando y Manga. “Estoy de acuerdo con esa nueva norma. Era algo que yo ya había insinuado hace muchos años atrás. Porque a pesar de nosotros tener una serie de documentos que nos acreditan para estar aquí, siempre tenemos algunos inconvenientes con la Policía por el uso del suelo.” Afirma Orlando. 

Pero la gran preocupación son las prohibiciones que se interpondrán. Por ejemplo, el decreto actual prohíbe la creación de barreras arquitectónicas y mucho menos permanentes. Además de la amplificación sonora o audiovisual.

Es necesario plantear un proyecto inclusivo y pensando para cada zona de la ciudad. Donde se construya en diálogo con comerciantes y expertos en economía.