El llamado hecho por la Corte Constitucional al distrito de Cartagena es que se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de los vendedores ambulantes de la ciudad, que se ven afectados por los diferentes operativos realizados por las autoridades.
El pronunciamiento del alto tribunal fue dado a conocer tras estudiar una tutela que presentó una mujer que vende comida rápida en la Plaza de la Trinidad, del barrio Getsemaní.
La vendedora alegaba que le fueron vulnerados sus derechos por haber sido desalojada del lugar, pese a que contaba con un permiso de la Alcaldía para trabajar allí, labor que ejerce desde hace 21 años y que es su fuente de ingresos para vivir.
En este caso en particular, la Corte reprocha que la Alcaldía no le ofreciera a la ciudadana alternativas económicas, para disminuir el impacto nocivo de la intervención de la Policía en la Plaza de la Trinidad.
La sentencia decidió declarar la carencia actual de objeto por daño consumado, debido a que la razón por la cual se presentó la acción, es decir, el cierre de la Plaza de la Trinidad, desapareció y la mujer se encuentra actualmente trabajando en dicho lugar.
