Bolívar

La UNGRD y Gobernación de Bolívar inician entrega de apoyos económicos a afectados por temporada de lluvias en 2021

En el marco de la atención a la emergencia presentada durante el año 2021 en la subregión de La Mojana por la ruptura del Jarillón del Río Cauca, en el sector conocido como “Cara de Gato”, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a través de la Oficina de Riesgos de Desastres de Bolívar (OAGRD), iniciaron el pago de la segunda fase de entrega de apoyos de medios de vida a campesinos afectados en esta zona de Bolívar.

Aunando esfuerzos interinstitucionales, técnicos, financieros, jurídicos, administrativos y logísticos para la reactivación de las actividades ganaderas y agrícolas en el marco de la emergencia en el sector «Cara de Gato», la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con la OAGRD de Bolívar y las Administraciones municipales inició la entrega de apoyos económicos a beneficiarios inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD), de los municipios que presentaron afectaciones de cultivos, beneficiando a todos aquellos agricultores que no realizaron el cobro durante la primera fase.

Los desembolsos se empezaron a realizar desde el día de ayer, en los municipios de Achí y San Jacinto del Cauca. En total son 204 familias beneficiadas, y la próxima entrega se realizará el dos (2) de enero, en el municipio de Magangué”

José Ricaurte, director de la Oficina de Riesgos de Desastres de Bolívar,anifestó que el trámite de pago se realizará a través del Banco Agrario de Colombia, en la sucursal de cada Municipio, teniendo en cuenta que beneficiarios del municipio de San Jacinto del Cauca deberán acercarse a la sede del Banco ubicada en el municipio de Nechí, Antioquia.

Ricaurte dijo que es importante señalar que, las Alcaldías son las encargadas de efectuar la verificación, validación y certificación de cada uno de los beneficiarios, de conformidad con la normatividad proferida, evitando se esa que la población pueda incurrir en posibles fraudes a subvención y garantizar el uso óptimo y adecuado de los recursos públicos.

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