Exconcejal Juan Carlos Upegui no se rinde y apeló inhabilidad de Procuraduría por 8 años
La defensa de Juan Carlos Upegui radicó apelación tras decisión de la Procuraduría General de la Nación que en primera instancia lo inhabilitó por 8 años para ejercer cargos públicos. La decisión se conocería antes de la salida de Margarita Cabello de la entidad.
Durante la continuación de la audiencia donde se profirió el fallo en las últimas horas, el exconcejal de Medellín Juan Carlos Upegui Vanegas interpuso un recurso de apelación a la decisión tomada por el procurador regional de Juzgamiento de Antioquia, que lo sancionó con ocho años de destitución e inhabilidad por tener una incompatibilidad al momento de ser candidato, cuando su padre se desempeñaba como rector de un colegio público de Medellín.
Así, se busca que en segunda instancia, que sería en la Procuraduría en Bogotá, se tome una decisión diferente teniendo en cuenta argumentos que no se tomaron a favor del excandidato a la Alcaldía de Medellín, pues según su abogado Carlos Mario Patiño, no se puede aplicar un régimen de inhabilidad para ser concejal a quien no se presentó para este cargo.
Aún así, Patiño desconfió que la decisión se dé en tiempo récord, incluso antes de la salida de Margarita Cabello como procuradora general, que irá hasta el 15 de enero del próximo año.
“No puede exigirse en el cumplimiento de una inhabilidad para ser concejal a quien no se inscribió para ser concejal porque el verbo rector de la incompatibilidad es, no podrá inscribirse ni ser elegido y Juan Carlos upe, ni se inscribió ni fue elegido para ser consejero”, aseguró.
En la decisión, tomada por el procurador regional de Juzgamiento Antioquia Edwin Bastidas Cadavid, se lee que “omitir verificar situaciones tan mínimas, tan obvias, como al parecer hizo el señor Juan Carlos Upegui Vanegas denotan un actuar eminentemente culposo -negligente en extremo-, bajo la modalidad de culpa gravísima, por la desatención elemental en la cual incurrió”, punto en el que no está de acuerdo su defensa, que tiene cinco días para argumentar la apelación ante la Procuraduría.