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Así va el proceso de demanda en contra de Jorge Benedetti

Para el próximo martes 9 de abril quedó pactada la fecha de la primera audiencia sobre la demanda de nulidad electoral contra los actos de posesión del Representante a la Cámara por Bolívar, Jorge Enrique Benedetti Martelo, en el Consejo de Estado.

En esta audiencia el magistrado ponente, Alberto Yepes Barreiro, resolverá las excepciones previas y mixtas, efectuará el saneamiento del proceso y se fijará el objeto del litigio en la Sección Quinta, luego de que en noviembre la demanda fuera aceptada y posteriormente el demandado presentara la respectiva contestación y excepciones a las que aducía su apoderado, Andrés Figueroa Pérez.

La Alta Corte accedió a revisar si el congresista estaba o no inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular, según las pretensiones del demandante, quien considera que el legislador cumplió obligaciones de un funcionario público durante la suscripción de un contrato en 2017 con el Distrito Turístico de Cartagena, para asesorar actividades del Alcalde. Sin embargo, rechazó la petición de suspenderlo provisionalmente, al no encontrar bien sustentada lasolicitud.

El abogado especialista en derecho administrativo y magíster en derecho internacional y derechos humanos, Elver Yobanys Villazón Ramírez, fue quien interpuso la demanda contra el acto administrativo donde Benedetti entraba en reemplazo, luego de la falta absoluta declarada a través de Resolución MD N° 2654, que dejaba el reconocido político, Hernando José Padauí Álvarez, quien renunció para aspirar a la Gobernación de Bolívar, según se afirmaba en los corrillos de la ciudad.

De acuerdo a las declaraciones del abogado demandante, este litigio nació de una duda de un grupo de investigación universitario donde él es docente y luego de un largo periodo de estudio y documentación, se decidió instaurar el proceso, aduciendo al deber profesional que tiene, El único interés que tengo y he manifestado es que mi condición de docente universitario me obliga a aportar un poco de conocimiento desde el derecho y desde la hermenéutica jurídica, a mis estudiantes y a la sociedad; una forma más clara de interpretación del derecho.

Los hechos que contempla la demanda

La demanda se basa en el hecho de que Benedetti, suscribió ante el distrito el contrato de Prestación de Servicios N° 3166 de 2017. A simple vista no habría inhabilidad, salvo por la función encomendada como asesor de despacho en la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en el Manual de Funciones, el demandado llevó acabo acciones que le otorgarían potestades sobre actos de autoridad civil y administrativa. (Ampliar en Por una demanda de nulidad tambalea credencial del representante Jorge Benedetti http://politicaheroica.co/por-una-demanda-de-nulidad-tambalea-credencial-del-representante-jorge-benedetti/)

Así lo explica en entrevista con este medio Elver Villazón. El abogado afirma qué hay razones de peso para decretar nula la credencial del joven político y además se ve vulnerado un principio constitucional que es la supremacía de la realidad frente a las formalidades. La realidad quiere decir que él ejercía funciones de servidor público pero la forma de hacerlo fue maquillándolo a través de un contrato de prestación de servicios.De acuerdo a lo expresado en la demanda, Jorge Benedetti, presuntamente habría ejercido como autoridad civil o administrativa al asistir y participar en representación de la entidad en las reuniones de comité de carácter oficial.

Según explica el demandante, el litigio se instauró desde un ejercicio académico, sin embargo, las pruebas que el apoderado del congresista agrega dentro de la contestación de la demanda, como los informes de actividades realizados durante la ejecución del contrato aportaron mayor evidencia a los sustentos de Villazón.

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Argumentos de la defensa

Lo expresado en la contestación de la demanda por el abogado del representante a la cámara atribuye las justificaciones del demandante como una valoraciónsubjetiva y descontextualizada porque este asimila, en forma analógica y equivocada, que las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 3166 de 7 de junio de 2017 son funciones publicas, ejercidas por un cargo denominado asesor de Despacho. Y que las causales de inhabilidad deben interpretarse taxativamente según los preceptos constitucionales o legales.

El avance de este litigio se sabrá luego de la audiencia inicial de la demanda en la en la Sala de Audiencias No. 2 del Consejo de Estado el día 9 de abril a las 2:30 p.m

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