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¿Bloquear las vías de Transcaribe por protestas se está poniendo de Moda?


Los bloqueos en carriles exclusivos de Transcaribe, parecen estar de moda entre quienes pretenden ejercer su derecho a la protesta.
La primera manifestación que generó bloqueos en las vías del Sistema Masivo de Transporte, sucedió el pasado 19 de abril. La falta de fluido eléctrico por 24 horas aproximadamente, hizo que los residentes del sector Central del barrio Olaya Herrera, bloquearan el carril que permite el paso de articulados, a la altura del barrio la Candelaria, con el objetivo de presionar el restablecimiento del servicio.
Los manifestantes impedían el paso de  buses padrones y busetones, afectando así el transporte de usuarios, en plena hora pico. La justificación dada por quienes protestaban, fue que los bloqueos de vías principales son el único método para que las autoridades centren la atención en los problemas que tienen algunos barrios no solo en materia de energía, sino también de seguridad.
Entre tanto, este no fue el único incidente relacionado con bloqueos de dichas vías, el pasado jueves 19 de Mayo en las horas de la mañana, 50 exempleados de la Refinería de Cartagena que en anteriores ocasiones han manifestado exigiendo derechos laborales, también usaron los bloqueos en el SITP, como alternativa para hacer valer sus derechos.
Acerca del reciente acontecimiento, Humberto Ripoll, Gerente de Transcaribe, aseguró que con la protesta se afectaban alrededor de  10 mil usuarios por hora. Enfatizó en que el derecho a la protesta de 50 personas no puede afectar el derecho de toda la ciudadanía a transportarse.
Según el artículo 37 de la Constitución Nacional “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”
Sin embargo, existen excepciones de ley que indican que el derecho público prevalece frente al individual, como está contemplado en el artículo 82 de la carta magna y que está directamente relacionado con el caso en cuestión. «Velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.» En esos términos, resulta evidente que la utilización de vías de circulación vehicular o peatonal, para el comercio particular es ilegítimo y violatorio de los derechos colectivos de quienes pretenden transitar libremente por las calles ocupadas”
“De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que ningún particular puede invocar derechos de prescripción adquisitiva de dominio sobre calles, plazas, puentes o caminos, ni alegar que se tienen derechos adquiridos sobre ellos o sobre cualquier otro bien de uso público”.
Es importante tener en cuenta que el derecho que se tiene a manifestar inconformidad, no debe afectar el  que tienen los ciudadanos a moverse libremente por vías de la ciudad. Al exigirse mejores condiciones de trabajo, instalación por suspensión fortuita de servicios públicos, entre otros asuntos, los manifestantes deben dar a conocer sus peticiones sin alteraciones en el orden público, pues según las leyes colombianas, los hechos se configuran en actos inconstitucionales.
Por hechos como estos, los ciudadanos podrían enfrentar una pena de seis meses a tres años de prisión.

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