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Cartagena, en la búsqueda de la legitimidad perdida


Hablar de legitimidad es ir más allá de la legalidad, la legitimidad como concepto nos ubica siempre en el reconocimiento de que las cosas van de acuerdo a lo legal y además son aceptadas por su autoridad moral y política. Esta definición de la ciencia política del concepto de legitimidad  en nuestra ciudad, siempre está en desacuerdo con la realidad.
La ausencia de legitimidad en nuestras instituciones públicas locales hace que exista una disparidad en la cohesión social de la ciudad, lastimosamente esta falta de aceptación colectiva de algunas instituciones se encuentra muchas veces soportadas en la inoperancia de ellas, en el divorcio entre sus deberes, sus actuaciones y sobre todo  en la trampa con que son configuradas o elegidas.
Ya es lugar común en la ciudad hablar que las campañas electorales convierten los topes de recursos en rey de burlas, ya se hizo costumbre sabotear, trampear en todo tipo de concursos, se dice que hasta en el ingreso a la universidad pública. Las “picardías” o vivezas, son contadas sin sonrojarse: Mi elección costo 15000 millones, mi concejo 1000 millones, ese cargo está arreglado para fulanito o zutanita. Las anteriores son las frases lapidarias que dan pie a  la teoría de aceptación  casi colectiva: “Marica el último”.
Puede entonces una ciudad que tiene carencia de legitimidad en reorientar su destino, pero además puede una ciudad acostumbrada al caos y a ilegalidad refundarse? La respuesta es un no rotundo. Por eso, seguir avanzando en la ilegitimidad y seguir trampeando, nos va llevar a ser rápidamente una ciudad fallida. Ya no solo serán los problemas estructurales económicos y sociales de décadas de mal gobierno y de desigualdad social, sino que a estos se le sumaran la poca credibilidad y aceptación colectiva de las instituciones para darle salida eficiente a estos problemas. Lo anterior  impedirá la gobernanza y la gobernabilidad en la ciudad.
Por ello, exigir el acatamiento de la ley y la recuperación de la confianza colectiva por parte de las instituciones públicas, se convierte en tarea prioritaria para lograr la supervivencia de la ciudad. Pero no solo basta exigir que las instituciones se ajusten a la legalidad y así recuperar la legitimidad, también se requiere que los ciudadanos cambiemos, que empecemos a rechazar la trampa, que no aprobemos el atajo, que abandonemos el egoísmo absurdo,  que ejerzamos nuestra ciudadanía de forma más activa, que demos ejemplo de respeto a las normas y que no vendamos nuestro voto. Solo así podemos exigir que las autoridades  cumplan con su deber sin distinciones y sesgos.
Tareas son las que sobran, por lo pronto yo me comprometo en una de ella,  ir hasta el final para que los jueces entiendan que la trampa en la escogencia del cargo más importante del Ministerio Público local – Personero Distrital-  más que una viveza política, es una bomba a la democracia y un flaco servicio en la recuperación de la legitimidad perdida de la ciudad.  En que te comprometes tú?
 
FABIO CASTELLANOS HERRERA
ABOGADO Y PROFESOR
 

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