El 2 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena, cumpliendo una orden del Consejo de Estado, devolvió el espacio público ocupado por el restaurante Café del Mar en el baluarte Santo Domingo. En respuesta, la empresa presentó una acción popular contra la Gerencia de Espacio Público (GEPM) del Distrito y la Policía Nacional, alegando una supuesta vulneración de derechos fundamentales durante el desalojo, como el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia.
Morad Pérez, administrador de Café del Mar, argumentó en su tutela que el procedimiento fue irregular, afirmando que la Policía y la GEPM violaron los derechos relacionados con el contrato de arrendamiento del establecimiento al continuar con el operativo e incautar el mobiliario esencial para su funcionamiento.
Por lo tanto, Café del Mar solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales, pidiendo que se ordenara al Distrito y a la Policía la restitución de los bienes incautados, los cuales debían ser devueltos en un plazo no mayor a 24 horas si la tutela era admitida. También solicitaban que se anularan las diligencias y medidas correctivas, y que se prohibieran nuevas verificaciones de ocupación del espacio público en el baluarte Santo Domingo.
El Juzgado Penal 8 del Circuito de Cartagena, al recibir la tutela, otorgó 48 horas al Distrito y a la Policía para que presentaran informes sobre los hechos y cualquier otra información que consideraran relevante en ejercicio de su derecho de defensa.
