Administrador público, especialista en gerencia de proyectos, exconcejal de Cartagena. Directivo de ASI
El Ejército Nacional de Colombia es la fuerza militar terrestre legítima, parte de su misión es proteger a la población civil para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo. El Presidente de la República es el Comandante Supremo y tiene la atribución constitucional de «dirigir» y «disponer» de la fuerza pública.
Pasados dos siglos y contrario a su misión; el Ejército Nacional ha sido objeto de varios escándalos: en 1919, masacre de 20 sastres por el Batallón Guardia presidencial, ante la protesta contra la importación de uniformes para el Ejército.
No podemos olvidar en 1928, la masacre de las bananeras; 1800 muertos y 100 heridos, En 1954, ante una manifestación de universitarios en el centro de Bogotá, 9 muertos y varios heridos; en 1963, 12 huelguistas de Cementos El Cairo; en 1968, ante las protestas en la Universidad Nacional contra el gobierno el Ejército cierra la Universidad durante 2 años; en 1971, la Masacre en la Universidad del Valle y barrios populares de Cali produjo 8 muertos y 47 heridos.
Cuando apenas yo daba mis primeros pasos, en 1978, torturas y muertes en las Cuevas de Sacromonte; 1981, Masacre en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, 4 muertos y varios heridos; en 1985, luego que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia desaparecen 11 civiles que habían salido con vida del Palacio; en 1989, durante un falso operativo en el edificio Altos del Portal en Bogotá, cuatro personas son asesinadas por militares involucrados con el Cartel de Medellín.
Cuando terminaba mi bachillerato y me enfrentaba a un nuevo mundo, recuerdo con dolor la omisión por las masacres de Mapiripán cuando las Autodefensas Unidas de Colombia asesinan a cuarenta civiles. ¿Dónde estaba el Ejército?, ese mismo año (1997), la aparente implicación de militares en la Masacre de El Aro en Ituango, donde las Autodefensas Unidas de Colombia asesinan a 15 campesinos.
En este nuevo siglo, en el 2003, la famosa guaca de dólares de las FARC-EP; en 2006, militares asesinan a 10 policías y a un civil en Jamundí; en el 2008, la muerte de miles de jóvenes presentados como guerrilleros en los llamados «falsos positivos«.
Recientemente, en el 2019, 18 niños son bombardeados en operaciones contra las disidencias de las FARC-EP con aparente conocimiento previo de la existencia de los menores lo que se convierte en doble crimen: permitir el reclutamiento y luego asesinarlos.
Este año siete soldados violaron a una niña indígena en el departamento de Risaralda y reconocimiento de otra niña indígena violada en 2019 en Guaviare, también revelan 118 investigaciones a militares por delitos sexuales contra menores y como no recordar el soldado que, en compañía de otros desadaptados, celebran el lanzamiento de un perro por un barranco.
Todo lo anterior son solo algunos casos de corrupción y escándalos de lo que es pagado por nosotros y que en su misión está “cuidar nuestra vida, el erario del estado y generar un ambiente de paz”. Estos delitos y crímenes pasaban desapercibidos, pero ahora estamos reaccionando; las nuevas generaciones son más sensibles con la defensa de los derechos colectivos, la vida, la naturaleza y el medio ambiente; por lo que nuestro pie de fuerza se debe adaptar a esos cambios, teniendo también sensibilidad social.
El ejercito tiene una buena misión, nuestros gobiernos lo están dañando. Los soldados eran entrenados para servir, para la paz; pero hoy no sabemos para quien sirven, pero sí son hijos ajenos usados como carne de cañón, para la guerra a costa de lo que sea y sin pudor.
En mi columna pasada hablé de la policía, no pretendo atacar instituciones. Al contrario, quiero llamar la atención de quienes la conforman, de sus jefes y de todo el pueblo colombiano para que reaccionemos y construyamos todos un futuro con la verdad, en justicia y en paz.
