El extraño silencio del Distrito ante la contratación del cuestionado abogado Inocencio Meléndez
En la mañana de ayer, Política Heroica dio a conocer en primicia que el abogado y experto en derecho disciplinario y fiscal, Inocencio Meléndez Julio, será el abogado de algunos funcionarios de la actual Administración de ‘Salvemos juntos a Cartagena’, para el proceso de Responsabilidad Fiscal que abrió la Contraloría Distrital en su contra.
Esto generó controversia entre la opinión pública, ya que Inocencio Meléndez es conocido a nivel nacional por ser el primer condenado dentro del escandaloso ‘Carrusel de Contratación’, cuando ocupaba el cargo de subdirector Técnico del Instituto de Desarrollo Urbano.
Además, fue uno de los testigos claves de la Fiscalía en este escándalo nacional, donde fue condenado a siete años y seis meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimento de requisitos legales, prevaricato por acción y por omisión. Obtuvo su libertad en el año 2015.
Sin embargo, y pese a las críticas porque este jurista este a cargo del proceso para defender algunos funcionarios; la administración Distrital ha mantenido un silencio que aumenta el aura inquietante de esta contratación.
Nadie cuestiona las habilidades como defensor de Inocencio Meléndez, pues sin duda alguna es un experto que puede ayudar a quienes quieran disponer de sus servicios; sin embargo el gobierno de ‘Salvemos juntos a Cartagena’ se ha caracterizado por su transparencia y su lucha contra los ‘malandrines, por eso la contratación de este abogado va en contra de las políticas que siempre ha vociferado la administración Dau.
En este caso, el silencio hace más ruido que un pronunciamiento, pues pese a las críticas Inocencio Meléndez seguirá defendiendo los intereses de sus apoderados.
Proceso de la Contraloría Distrital
Recordemos que la Contraloría Distrital de Cartagena abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 42 funcionarios de la Administración Distrital, por unos supuestos pagos indebidos en gastos de representación.
“Decrétese medida cautelar, tomando el 100% de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en un 50%, para el embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o pertenecientes los presuntos responsables”, se lee en el auto de la Contraloría.
