Un tribunal en El Salvador ha impuesto penas de hasta 1.420 años de prisión a miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos entre 2018 y 2019, según informó la Fiscalía General de la República el lunes.
Ángel Geovany Guzmán González, uno de los pandilleros, recibió la condena más severa: 1.420 años de prisión por su responsabilidad en siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 conspiraciones para asesinar, incluyendo planes contra nueve militares.
Hugo Alexander Arqueta Bonilla, otro miembro de la pandilla, fue sentenciado a 764 años por homicidio agravado, organizaciones terroristas y extorsión agravada. Carlos Eduardo Díaz Rodríguez recibió una pena de 567 años por similares delitos, y Ana Ruth Segovia Merino fue condenada a 148 años.
La fiscalía reveló que los 48 miembros de la MS-13 procesados habían recibido órdenes de asesinar a policías y militares. Además, extorsionaban a transportistas y comerciantes de los mercados de San Miguel, exigiendo dinero bajo amenazas de muerte. Una de las víctimas fue obligada a pagar 10.000 dólares en una sola entrega para financiar la defensa legal de pandilleros detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas. Esta medida, que suspende derechos fundamentales como la asistencia legal y el derecho a conocer las razones de una detención, ha sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos.
Según cifras oficiales, más de 85.000 personas han sido arrestadas en el marco de esta estrategia, aunque muchas permanecen en prisión sin una sentencia firme. El gobierno ha admitido haber liberado a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
En 2012, Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la MS-13 y a la pandilla Barrio 18 como organizaciones terroristas.
Por más de tres décadas, las maras han tenido una fuerte presencia en los barrios y comunidades más populosos de El Salvador, involucrándose en narcotráfico, crimen organizado y extorsionando a empresas de transporte, además de asesinar a aquellos que se niegan a pagar, según las autoridades.
