Investigador en el Departamento de Política Económica De la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas.
Iván Duque en su primer día al frente de la presidencia de Colombia, se dirigió a la Isla de San Andrés, si, esa que, hace unos pocos meses fue golpeada por el huracán Iota, tomando por sorpresa, sin duda alguna, a los isleños, residentes de la isla, al gobierno nacional y local, por la magnitud, medido por la violencia en la velocidad de los vientos, pasando de categoría dos a cinco. La destrucción fue total, la naturaleza no tuvo contemplación, dejando a los habitantes a la deriva y a un país -Colombia- unido clamando por la reconstrucción de la región afectada por la inclemente fuerza del fenómeno natural. El hecho es que, estos últimos días, como aquel pasado 16 de noviembre del 2020 en el archipiélago, Colombia entera, está siendo sacudida por fuertes vientos de violencia en las calles, muy alejados de la legitima protesta ciudadana, que presenta reparos a las políticas en fondo y forma, que se gestan en el aparato estatal. La protesta legitima es un “huracán” que busca la reconstrucción de la socioeconomía colombiana, a través de gestación de nuevas políticas, no obstante, la violencia en medio del paro está devastando nuestras ciudades.
Desde el pasado 28 de abril, las manifestaciones no han parado, son el recurso de la ciudadanía colombiana ante el “desacierto” del gobierno de Iván Duque, al presentar el proyecto de reforma tributaria al legislativo, en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid19 y, que ha afectado en gran manera la economía de los hogares. La reforma fiscal, ya retirada por el ejecutivo por la presión ciudadana, pretendía recaudar, cerca de 23 billones de pesos, equivalente al 2% del PIB, grabando entre otros, productos básicos de la canasta familiar y servicios públicos.
El proyecto que causó rechazo y la indignación, en la mayor parte de la población colombiana y desde la misma orilla del partico político de gobierno, expresado así por el expresidente Álvaro Uribe, mentor del actual presidente, ha desencadenado legítimamente las protestas en las calles y, pese a que fue retirado, no ha sido motivo suficiente para cesar las manifestaciones que se siguen presentando en las principales ciudades de Colombia y alrededor del mundo, donde colombianos se han reunido para acompañar el paro nacional y el descontento generalizado por las políticas económicas impuestas por el gobierno, no solo, de Iván Duque, si no también, de sus antecesores.
Ante una manifestación legitima, y que bien puede ser justa, el lado negativo son los abusos de la fuerza pública denunciados por los manifestantes y el “huracán” de violencia que se está imponiendo en las calles. Colombia, sin duda alguna, está en medio de un fenómeno que ya se ha presentado en otros países de la región -Chile- después de un mes de continua violencia en las calles en medio de las protestas sociales, según Amnistía Internacional, se registraron más de 12.500 heridos que pasaron por urgencias hospitalarias, 1.980 heridos por arma de fuego y la lamentable cifra de al menos 38 personas muertas.
Colombia ha tenido como modelo de desarrollo a Chile, a tal punto de importar su sistema pensional, políticas de educación y programas económicos, que han sido debatidos, contradichos y criticados, y que, de hecho, hacen parte de la discusión y la indignación de los colombianos, que han estado desde el pasado 28 de abril en las calles manifestándose pacíficamente y que pretenden una reconstrucción política-económica del Estado. Sin embargo, del malestar social, de las manifestaciones y protestas legitimas, no se puede justificar el huracán de violencia que se está viviendo en las principales ciudades de Colombia, devastando sistemas de transportes, negocios de emprendedores, centros de atención inmediata de la policía, pequeños hoteles, comercios, entre otros. Es momento de la concertación política para no repetir una historia que solo dejará, enormes cifras de heridos y muertos. La voluntad política, para detener la ola de violencia debe ser expuesta de manera determinada y abrir el diálogo social que permita encarar la crisis político-económica desde la democracia.
Colombia se unió para reconstruir la Isla de San Andrés después del huracán Iota, en noviembre del 2020, es hora de unirnos para reconstruir la sociedad desde lo político y económico. Que este huracán de violencia no avance más y sus vientos violentos cesen, que la magnitud de su fuerza disminuya de categoría y que la cordura y empatía se abran paso en medio de tan lamentable crisis.
