Abogado, especialista en Derecho Constitucional
La impotencia y el desespero del Dr William Dau Chamat, actual alcalde de Cartagena, hicieron que acudiera a los medios de comunicación empleando un vocabulario vulgar y grotesco para expresar su indignación ante la lentitud de los entes de control en el trámite de los procesos disciplinarios, fiscales y penales que se adelantan en contra de distinguidos personajes de la vida política por actos que afectaron los recursos del Estado.
La pataleta del alcalde Dau, al parecer surgió efectos. El honorable Tribunal de Bolívar, revocó en segunda instanciauna sentencia absolutoria y en su lugar impuso condena a quienes hicieron parte del concejo en el año 2012, proceso que duró aproximadamente diez años en resolverse.
En ese momento a los “impolutos” cabildantes les surgió la idea de exigir el pago de 7 mil millones de pesos, que serían repartidos entre 31 concejales y exconcejales, justificando los honorarios dejados de pagar por parte del Distrito durante los últimos 10 años anteriores al cobro.
La brillante idea de realizar el pago fue frustrada y más de uno se quedó con los crespos hechos. Los beneficiaros de la millonaria suma a repartir serían: William Amín $42 millones, César Anaya $19 millones, Eyder Benavides $121 millones, Argemiro Bermúdez $187 millones, Alberto Bernal $359 millones, Joaco Berrío $105 millones, Orlando Buelvas $258 millones, María del Socorro Bustamante $373 millones, Clara Calderón $90 millones, Abraham Curi $111 millones, Jaime Espinosa $111 millones, María Elena Gutiérrez $203 millones, Lorenzo Hodeg $201millones, Jorge Lequeríca $367 millones, William López $239 millones, William García $358 millones, Adolfo Malo $203 millones, Amaury Martelo $193 millones, Jorge Oke $111 millones, Alberto Osorio $201 millones, Adolfo Raad $364 millones y Luis Romero $104 millones. Boris Anaya 98 millones, Andrés Betancour $195 millones, Vicente Blel $192 millones; David Dáger $404 millones, Alfredo Díaz $404 millones, Antonio Salim Guerra $78 millones, Antonio Quinto Guerra $293 millones, Rafael Meza $292 millones y Lewis Montero $280 millones. Pero en esta oportunidad el Distrito se salvó.
Con la sentencia proferida por la Sala Penal de Tribunal de Bolívar se demuestra que las miles de justificaciones, que pretenden detener en el tiempo los procesos, no son suficientes para evadir el peso de la justicia.
La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en un Estado Social de Derecho. Quienes obtuvieron provecho con los dineros del Estado, negociando las playas, saqueando los recursos de la salud, de los fondos de pensiones y celebrandocontratos sin terminar, recibirán su condena.
Pareciera que las pataletas del alcalde Dau, con alto contenido soez, surtieron efectos. ¿Será necesario que las repita de vez en cuando? Esperemos que no lo haga, al fin al cabo la justicia es lenta y cojea, pero como la cacion de Mactaaa: ¡llega, llega, llega!
