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Mediante fallo, se obliga al Distrito a crear política pública para habitantes de calle

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La Defensoría del Pueblo Distrital, exigió no continuar evadiendo lo que por ley es una obligación. Mediante acción de cumplimiento, la entidad le pidió a la Alcaldía de Cartagena, implementar y evaluar una política pública que garantice y restablezca los derechos de las personas habitantes de calle “sin dilación”.
Según lo establecido en una ley de 2013, “las entidades territoriales en virtud del campo de aplicación están obligadas a agotar cada una de las fases de la política pública social para los habitantes de la calle”.
Razón por la cual, un juez de Cartagena, le dio la razón a la Defensoría el pasado 26 de abril, aceptando que existe déficit en la atención de esta población vulnerable en la ciudad. Entre tanto, el distrito impugnó la decisión judicial, alegando que desde el año 2009 ha llevado a cabo programas, mediante fundaciones, dirigidos a los habitantes de calle.
El Distrito dijo que estas gestiones son para “hacer posible la creación de una política pública social” para estas personas. Señalo que “en 2013 atendieron a 180 habitantes de calle, que en 2015 la cifra fue de 150, con un presupuesto de $360.000.000; y que este año se espera atender a 80 personas en situación de vulnerabilidad”.
La justificación de la Alcaldía no convenció al Tribunal Administrativo de Bolívar, que el pasado 24 de mayo ratificó el fallo del juez y ordenó a la Alcaldía de Cartagena crear cuanto antes una política pública para habitantes de calle. Y aseguró que aunque se llevaron a cabo programas para atender a esta población, eso no constituía una política pública, ni hay un plan de acción definido como política para este grupo.
Una política pública constituye un conjunto de principios que buscan garantizar y proteger los derechos de las personas, además de ser un marco normativo de obligatorio cumplimiento, con el que se regula una de las problemáticas sociales más notorias que afectan a la ciudad: los habitantes de calle.
La Alcaldía de Cartagena deberá establecer roles, acciones y mecanismos de implementación concretos. Esa política deberá incluir perspectiva de género, atención integral en salud, desarrollo humano integral, movilización ciudadana, responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y convivencia ciudadana.

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