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SE ROMPIÓ LA TREGUA

Alcalde Manolo Duque interpuso denuncia penal y disciplinaria ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra de la anterior administración Distrital de Cartagena. El motivo recae en las presuntas irregularidades cometidas, durante el mandato de Dionisio Vélez, en la contratación de las obras de clausura del Relleno Sanitario de Henequén.
De acuerdo con la denuncia, los informes presentados por la Contraloría Distrital y el informe técnico de control fiscal del 20 de abril de 2015 demuestran que las obras contratadas, por valor de $2 mil 600 millones, no se especificaron en la suscripción del contrato.
En términos del informe de la Contraloría: “Lo que se espera de la suscripción de un contrato de esta naturaleza, es que se consignen las obras especificas a realizar por el contratista, sin embargo se citan solo aquellas que son generales y administrativas, pero no se señalan las actividades propias del objeto a contratar.” Lo anterior pone en cuestionamiento la necesidad de intervención en el Relleno y los motivos técnicos por medio de los cuales la administración de Vélez realizó la contratación.
Al respecto, el dirigente político y líder ciudadano, César Anaya – que también interpuso una denuncia por el negativo impacto medioambiental generado en el Relleno -, afirmó que las obras fueron innecesarias y que, por el contrario, lo que produjeron fue un deterioro ambiental significativo y una “grave afectación a las comunidades que residen en los alrededores».
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La principal justificación del contrato realizado en el gobierno “Ahora Sí”, residió en el propósito de cerrar definitivamente el Relleno Santinario. No obstante, por orden de una sentencia de la Sala de Decisión Civil y de Familia, mediante providencia judicial, del año 2004, ya se había ordenado “cerrar el Relleno Sanitario de Henequén, adoptando la medidas técnicas, ambientales y legales estipuladas por Cardique”, estableció la sentencia.
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Por ello, el 17 de diciembre de 2004 el Distrito y Cardique realizaron un convenio interadministrativo, por valor de $ 500 millones, para dar estricto cumplimiento al mandato judicial.
Acaso ¿Se contrató dos veces el mismo objeto? ¿En qué actividades concretas se invirtieron los $2 mil 600 millones? ¿Las comunidades aledañas se sienten satisfechas con la intervención de la pasada administración? ¿Cuál es el impacto medio ambiental que se produjo? ¿Qué debe hacer la actual administración Distrital?
 

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