Abogado, magíster en derecho, profesor universitario, columnista
Cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende convertir en delito el retiro del preservativo o barrera de protección durante las relaciones sexuales, sin consentimiento de la otra persona, acto que se conoce a nivel mundial con el anglicismo Stealthing. De la exposición de motivos prevista en esta iniciativa, se extrae que la tipificación de esta conducta busca la preservación del consentimiento o voluntad sexual y la prevención del contagio de ETS oembarazos no deseados.
En la comunidad académica aún se discute su viabilidad dogmática, algunos consideran que ya ese comportamiento está penalizado a través del acceso carnal y acto sexualviolento e, incluso, con personas en incapacidad de resistir; lo que implicaría que esta nueva visión, dada las penas bajas que contiene, se constituiría en un estímulo para su realización. En otra orilla se piensa que esta es una conducta novedosa que no está consagrada como delito, por lo que valdría la pena su incorporación. Lo único cierto es que se avizoran grandes dificultades a la hora de probar estos hechos y, en especial la ausencia de un “consentimiento verbal explícito”.
A pesar de estos debates, es una realidad que esta práctica seha generalizado a nivel global con resultados negativos,generalmente las mujeres son las principales víctimas, por ello ha sido penalizada en otros países.
Esta tendencia halla su origen, por un lado, en la creencia de que sin el preservativo se siente un mayor placer; por otro, en el desahogo de un instinto natural. En todo caso, lo importante es entender que las actividades sexuales no pueden asimilarseen la órbita del interés o de decisión unilateral, ya que se requiere un consentimiento bilateral y pleno.
Aun así, puede entenderse esa idea de penalización como una forma de populismo punitivo que implica venderle a la sociedad una falsa sensación de tranquilidad por el hecho de haber consagrado una conducta como delictiva, cuando en la realidad es evidente que lo más útil y eficiente es la campaña educativa desde temprana edad, sobre derechos sexuales y prácticas sanas, dirigidas a concientizar a los asociados sobre la importancia del respeto de la voluntad sexual y las consecuencias, a veces nefastas, que trae desafiarla.
Este proyecto tiene imprecisiones técnico–jurídicas que hacen imperativo que se estudie con detenimiento por la comunidad de expertos que, la mayoría de las veces, están ausentes en el parlamento, lo que supone que terminen legislando personas que no conocen determinada materia. He allí la necesidad de asesores especializados y, sobre todo, que el Congreso vincule los conceptos de las facultades de Derecho del país y de las autoridades judiciales para que las leyes sean producto de un consenso académico y profesional, en el que se analicen todas las aristas de esta problemática social.