Denuncian al Alcalde de Turbaco por contratar en diciembre más de $10.000 millones para ejecutar este año
En un giro inesperado, el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, enfrenta una tormenta judicial tras ser denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría General. La acusación se centra en la firma de un contrato de intervención, rehabilitación y construcción de vías terciarias e intervención de vías urbanas,
cuyo valor asciende a más de 10.200 millones de pesos, destinado a ejecutarse en este mes de diciembre del 2023.
La denuncia, presentada por el abogado Jair Javier Caro Villalba y respaldada por la Veeduría Ciudadana Transparencia por Bolívar (Corpolucha), alega serias irregularidades en el “Contrato Número LP.OP.001-2023” celebrado entre el Municipio de Turbaco y el Consorcio Pavimento Turbaco, directamente, pues no se realizó licitación pública. Este contrato de envergadura, según el veedor, levanta sospechas por su cuantioso monto y la pretensión de ejecutarse en un tiempo récord.
La acción legal invoca la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1755 de 2015 y la sentencia T-332 de 2015. Además, Caro Villalba solicita una auditoría forense para examinar todas las contrataciones denunciadas, incluyendo el mencionado contrato. De igual forma, solicita a la Fiscalía suspenda la ejecución del contrato.
Se cuestiona la aparente falta de planeación en la ejecución del contrato, planteando dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso. El alcalde Torres se enfrenta a investigaciones disciplinarias y fiscales, ya que la denuncia alega posibles infracciones a la Ley 1755 de 2015, entre otras normativas.
Esta denuncia busca no solo cuestionar las acciones del Alcalde, sino también evitar posibles perjuicios a las arcas municipales de Turbaco.
Las autoridades competentes están instadas a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer la situación y garantizar la legalidad en el uso de los recursos públicos. La sociedad turbaquera observa con atención el desenlace de este caso que, de confirmarse, podría tener consecuencias legales significativas para el alcalde y la administración municipal.
