Un fallo histórico contra la polémica torre de ‘Aquarela’, que se produjo el pasado 31 de marzo, el cual esperaba el país desde hacía cinco años, y que debería poner fin al debate sobre las vulneraciones y protección al patrimonio de Cartagena de Indias, daría un giro en los próximos días, y aplazaría varios años más la demolición de la mole.
El esperado fallo es la respuesta de las autoridades judiciales a una Acción Popular elevada por el Ministerio de Cultura contra el Distrito, la constructora y la curaduría urbana número uno, que otorgó las licencias al proyecto.
Pero el fallo busca ante todo la defensa de Cartagena de Indias, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en el año de 1984, por su invaluable valor arquitectónico e histórico, por sus innumerables bienes inmuebles y su entorno amurallado y de fortificaciones, que constituyen elemento preponderante del patrimonio cultural de la nación.
No obstante, fuentes jurídicas del Palacio de la Aduana le aseguraron a EL TIEMPO que el Distrito apelará el fallo, el cual impone la mayor responsabilidad para la demolición de la torre en la ciudad y no en el estado, desde donde se dede promulgar la protección del patrimonio.
Por ejemplo: “La sociedad Promotora Calle 47 S.A.S. está obligada solo a la restitución de 619.59 m2 de espacio público y en esa proporción deberá́ asumir tales costos, que ha sido construida en la primera etapa del Proyecto Multifamiliar VIS Aquarela”, señala el fallo.
Y este es, precisamente, uno de los puntos que inquietan al equipo jurídico del Distrito, pues sería la ciudad la que debería pagar la totalidad de la demolición de la mole, la cual, según expertos no puede hacerse por implosión, por tratarse de una zona residencial con el Castillo de San Felipe de Barajas, joya del patrimonio nacional, ubicado a una cuadra.
Lo otro que inquieta al equipo jurídico del Palacio de la Aduana es la lluvia de millonarias demandas de los frustrados compradores que recaerían solamente sobre el Distrito.
