Más de 6.000 inmigrantes, en su mayoría latinos, fueron incluidos en una base de datos oficial de fallecidos por la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos, según reveló The Washington Post. Esto significa que, para el sistema, estas personas están legalmente muertas.
La polémica medida fue solicitada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, y tendría como objetivo presionar indirectamente a los migrantes a autodeportarse, al dejarlos sin acceso a servicios básicos, beneficios públicos o empleo formal.
La revelación generó fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas, quienes califican la acción como una forma inhumana y silenciosa de expulsión masiva. Hasta el momento, el gobierno no ha dado declaraciones oficiales sobre la estrategia.
