En respuesta a una acción popular instaurada por el abogado Óscar Borja, el contralor delegado intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Noguera, aclaró que la decisión de suspender el cobro de los peajes internos de la ciudad es de un juez.
“De ninguna manera, el control fiscal ni desplaza ni sustituye al juez de tutela o al juez popular, que tienen unas competencias precisas atribuídas por la Constitución y la ley para proteger derechos fundamentales y la moralidad administrativa, entre otros, para decidir las demandas de acción de tutela o acciones populares, según sea el caso”, señala el documento.
“La Contraloría General de la República y las contralorías territoriales no pueden ejercer facultades reservadas por la ley al juez del contrato, ya sea que le competan al juez contencioso administrativo según lo previsto en el artículo 141 del CPACA o a un Tribunal Administrativo en virtud de la cláusula compromisoria o compromiso pactado por las partes de un contrato, según el caso, como anular, suspender, interpretar, restablecer el equilibrio contractual, terminar o liquidar judicialmente el contrato estatal”, estableció Noguera.
La acción popular se generó a raíz del el auto 0020 del 8 de enero de 2021, donde el ente de control determina que la Tasa Interna de Retorno se cumplió y estableció que hay una alta suma de detrimento patrimonial.
