Investigan a policías que esposaron a madre frente a hijos por reclamar liquidación en almacén de Jon Sonen
La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra el subintendente Nelson Enrique Martínez Balceiro y la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, de la Policía Metropolitana de Cartagena (Bolívar) por un presunto mal procedimiento y exceso de fuerza en polémico caso ocurrido en el Centro Histórico de la Heroica.
Ambos uniformados fueron captados en video cuando sacaban a la fuerza a la joven venezolana Norelis Álvarez y a sus dos hijos de la prestigiosa tienda de ropa Jon Sonen, ubicada en el Centro Comercial la Serrezuela.
Los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2022 cuando Norelis Álvarez acudió hasta la tienda Jon Sonen para reclamar prestaciones sociales que le adeudaba la cadena; pero el administrador de la tienda de ropa llamó a la policía.
Las imágenes eran una radiografía de la crisis social que se ha desbordado la llegada de millones de hermanos venezolanos a Colombia, que escapan de la crisis social que vive esa nación.
Los videos mostraban el momento en que la joven era sacada esposada del almacén y conducida por los corredores del centro comercial, con sus pequeños hijos al lado, mientras gritaba que ella no estaba delinquiendo, solo reclamaba los dineros que le debía la compañía por su trabajo.
Horas después, El Ministerio de Trabajo selló el establecimiento y las imágenes fueron criticados hasta por el presidente de la República, Gustavo Petro.
Con estos videos y otras pruebas recopiladas, la Procuraduría sostiene que los uniformados habrían utilizado un excesivo uso de la fuerza al retirar a la joven venezolana, quien exigíael pago por su trabajo a la prestigiosa marca.
El Ministerio Público sostiene que: «Ante la negativa de la mujer de abandonar el establecimiento, la actuación correcta habría sido proteger los derechos de los menores, involucrando al grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional, y retirar pacíficamente a la mujer sin esposarla».
La Procuraduría subrayó que los uniformados tenían la responsabilidad de garantizar el desarrollo armónico e integral de los menores, evitando exponerlos a la vergüenza pública al ser testigos de la aprensión de su madre por reclamar derechos laborales.
